Alta participación electoral y ausencia de representación ministerial. ¿Dónde está el problema?
La nueva composición del Gobierno marroquí vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo relacionada con la equidad territorial y la representación de las distintas regiones del país en los centros de decisión.
Según el balance publicado sobre la procedencia geográfica de los miembros del Ejecutivo, las tres regiones del sur Guelmim-Oued Noun, El Aaiún-Saguía el Hamra y Dajla Río de Oro no cuentan con ministros originarios de sus territorios, pese a su peso geográfico, económico y político.
Esta ausencia resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta la participación electoral registrada en estas regiones. En las elecciones de septiembre de 2026, El Aaiún-Saguía el Hamra alcanzó una participación del 77 %, Dajla Río de Oro del 61 % y Guelmim-Oued Noun del 53,48 %, frente al 38,08 % de la media nacional, según los datos publicados.
A ello se suma su presencia en las instituciones representativas, incluido el Parlamento, así como la importancia territorial de estas tres regiones, cuya superficie conjunta se aproxima, según determinadas estimaciones, a la mitad del territorio nacional.
Ante esta realidad, surge una pregunta legítima: ¿cómo se explica que territorios con una participación electoral tan elevada y con representación parlamentaria sigan sin contar con representantes de origen local en el Gobierno?
¿Estamos ante una consecuencia de los equilibrios entre partidos, de los criterios de selección de los responsables gubernamentales o de una insuficiente incorporación de las competencias y élites locales a los espacios de decisión nacional?
La cuestión no consiste en reivindicar cuotas territoriales al margen de la capacidad y el mérito, sino en abrir un debate serio sobre la igualdad de oportunidades, la integración de las competencias regionales y la justicia territorial.
Porque la cohesión nacional no se construye únicamente mediante la participación en las urnas, sino también garantizando que todos los territorios perciban que tienen oportunidades reales de contribuir, desde sus capacidades y particularidades, a la dirección de los asuntos públicos.
Si la participación electoral es una expresión de compromiso ciudadano, ¿por qué ese compromiso no encuentra un reflejo más visible en la composición del poder ejecutivo?
Una pregunta que merece respuestas, transparencia y un debate público responsable.
